Reconstruir mejor tras la crisis de COVID-19

El epicentro actual de la pandemia de COVID-19 se ubica en América Latina y el Caribe, donde varios países registran una de las tasas más altas de infección per cápita del mundo, así como algunas de las cifras más elevadas de casos en términos absolutos.

El Secretario General de las Naciones Unidas subrayó el escenario regional durante la presentación este jueves de su Informe de Políticas sobre el Impacto del Coronavirus en América Latina y el Caribe, que prevé la mayor contracción económica de la región en un siglo.

Para António Guterres, las provisiones para capear esta crisis deben diseñarse con la meta de transformar el modelo de desarrollo vigente y reconstruir una economía más igualitaria que impulse el crecimiento de la región y el bienestar de toda su población.

En un mensaje de video, el líder de la ONU dijo que en una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles, se deben “desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas”.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) coincidió con el Secretario General en la urgencia de transformación del modelo económico de la región “más desigual del mundo” a la luz de la pandemia.

“América Latina y el Caribe es una región que ya venía por siete años con un crecimiento muy bajo y con brechas estructurales de un modelo de desarrollo insostenible que se han exacerbado por una muy débil protección social, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. Entonces, la pandemia nos encuentra en un momento muy difícil”, explicó Alicia Bárcena.

Según las proyecciones de la CEPAL, el decrecimiento del Producto Interno Bruto latinoamericano alcanzará un 9,1% este año y el impacto social de esta caída será muy agudo.

El desempleo, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán de forma importante en una región donde la inequidad ya era profunda antes de la crisis, apuntó Guterres.

Se estima que de 2019 a 2020, el desempleo pasará de 8,1% a 13,5%, es decir, que habrá más de 44 millones de personas sin trabajo.

La tasa de pobreza subiría un 7% para llegar a 37,2% de la población, es decir 230 millones de personas vivirán en situación de pobreza, mientras que 96 millones estarán en condiciones de pobreza extrema, tras un incremento de 4,5%.

Estos datos provocarán un alza de 4,7% en el índice de Gini, el indicador para medir la desigualdad.

António Guterres subrayó que estos retrocesos ocurrirán en una región en la que apenas el 34,2% de las personas de más bajos ingresos cuenta con una cobertura de salud.

Mujeres y pueblos indígenas

El titular de la ONU llamó la atención sobre la forma desproporcionada en que esta crisis afecta a las mujeres, quienes representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza laboral en el sector de atención a la salud, además de que son más proclives que los hombres a desempeñar ocupaciones informales.

Las mujeres, además tienen más presión para cuidar de la familia y los enfermos durante el confinamiento, un periodo durante el cual han aumentado los feminicidios y otras manifestaciones de violencia sexual y de género, alertó Guterres.

Los pueblos indígenas y los afrodescendientes, por su parte, tienden a vivir en peores condiciones socioecónomicas y suelen tener mucho menos acceso que el resto de la población a los sistemas de protección social, pese a constituir el 10% de los habitantes de la región.

Estos colectivos también enfrentan altos niveles de discriminación en los mercados de trabajo.

Otro grupo en situación de vulnerabilidad desmedida es el de los migrantes y refugiados, indicó Guterres, instando a respetar las leyes internacionales humanitarias, de derechos humanos y de refugiados.

Recomendaciones

El Secretario General listó algunas medidas que los países latinoamericanos y caribeños tendrían que considerar para sortear esta crisis y reconstruir sus economías de mejor manera:

• En el corto plazo, los gobiernos deberían suministrar ingresos básicos de emergencia a la población que vive en la pobreza y a los trabajadores del sector informal que no viven por debajo de la línea de pobreza pero que carecen de protección social. De acuerdo con la CEPAL, la línea de pobreza promedio de la región es de unos 140 dólares semanales. Si el ingreso básico propuesto se otorgara durante seis meses, costaría un 1,9% del PIB regional
• Para complementar esas medidas, haría falta la distribución de bonos contra el hambre a las personas en condiciones de pobreza extrema
• Los países de renta media deberían ser incluidos en respuesta multilateral de inmediato, ya que afrontan limitaciones estructurales pero han quedado fuera de la asistencia de liquidez de emergencia, las condiciones favorables de financiamiento, las exenciones comerciales, las prórrogas de pago de deuda y la asistencia humanitaria. La mayor parte de los países de la región entran en la clasificación de economías de ingresos medios, lo que limita su acceso estas ayudas
• El canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y otros mecanismo innovadores de financiamiento tendrían que recibir apoyo multilateral, el igual que las iniciativas de alivio o postergación de pagos de deuda. Todo esto acompañado de un fortalecimiento del sistema tributario