Tal y como ocurrió en todos los países del mundo, también en Guatemala, la detección del primer caso de Coronavirus lo cambió todo. Esto ocurrió el 13 de marzo de 2020, después que un pasajero de un vuelo comercial procedente de Europa presentara síntomas de la infección. La curva de contagio creció exponencialmente en el país y pronto iniciaron las primeras medidas impuestas por el gobierno que buscaban mitigar la propagación del virus. Siguiendo las políticas implementadas por países que pocas semanas antes habían experimentado tal situación, Guatemala limitó la libre circulación de personas por medio de “toque de queda”, cierre de la mayoría de las actividades comerciales y exigió respetar una prudente distancia entre personas en lugares públicos. Es evidente, hasta la fecha, que uno de los puntos críticos de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha sido la movilidad humana. Fue por tanto, en los primeros meses de la pandemia, una acción inmediata a limitar o más bien anular el flujo de personas que desde el extranjero entraban a Guatemala. Se cerraron las fronteras terrestres y se anularon los vuelos comerciales hacia el país. Las únicas excepciones fueron los vuelos de deportación que repatriaron a las personas migrantes irregulares detenidas en Estados Unidos (EE. UU.) y aquellos que entraron por tierra procedentes de México. Era evidente que el ingreso al país de personas que llegaban principalmente desde EE. UU., uno de los países con las tasas más altas de infección en el mundo, representaba un alto riesgo. A finales de abril de 2020, autoridades del país, a través de declaraciones del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), confirmaron que los deportados desde EE. UU. representaban “el 20 % de los 500 casos de COVID-19 en Guatemala”. Fue así como, desde la primera semana de mayo, se decidió suspender los retornos. Se requirieron semanas de trabajo para afinar protocolos eficientes con el objetivo de minimizar los riesgos de seguir “importando” el virus. Además de exigir al gobierno de EE. UU. efectuar las pruebas clínicas para detectar el virus, autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), con la ayuda y el respaldo de la Organización Internacional de Migración (OIM), previeron la necesidad de equipar instalaciones donde los deportados pudiesen guardar un período de cuarentana. “Además de los certificados de prueba con resultado negativo que poseía cada migrante retornado, el MSPAS se encargaba de realizar un nuevo test, este al azar al 10% de las personas”, afirma Magda Del Valle, agente del IGM que estuvo a cargo del albergue “Ramiro de León Carpio”, en la Ciudad de Guatemala. “Recibimos un promedio de 1.200 a 1.500 retornados al mes, a quienes ubicamos en cuatro albergues diferentes. En el “Ramiro de León Carpio” unos 500 a la semana”. Además del personal del IGM y el MSPAS que sumaban dieciséis en total, en el “Ramiro de León Carpio” fueron contratadas tres educadoras como parte del apoyo facilitado por OIM, a través del “Programa conjunto de apoyo al Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19: protección del personal de salud y promoción de una cuarentena digna basada en derechos humanos”. Emma Estrada es una de ellas y explica como su función esencialmente fue la de enseñar las buenas prácticas de higiene que la presencia de la COVID-19 nos obliga a respetar. “Dábamos clase a grupos de 15 a 20 personas, por unos 20 minutos, enseñando cual es la manera correcta de lavarse las manos, como usar las mascarillas” recuerda Emma, “usamos infografías y diseños para que fuera todo más claro. Todo esto para los 7.350 retornados atendidos”. Su colega, Alejandra Olmedo, remarca que jugaron también otro rol: “desde el inicio nos dimos cuenta que la mayoría de ellos necesitaban apoyo psicosocial, venían de vivir meses en encierro y al ingresar a Guatemala tenían la idea de irse directamente a sus hogares, estaban desesperados por hacerlo. No faltaron los momentos tensos, pero cuando se les hacía notar que eso era también para tutelar a sus propias familias, entraban en conciencia”. Cuando se les comunicaba la necesidad de la cuarentana, muchos revivían los momentos de las detenciones en EE. UU o México. No creían en las descripciones que los encargados del albergue les daban de las instalaciones. Tres comidas calientes al día, camas equipadas con colchones, baños dignos, áreas comunes al aire libre y hasta wifi. Esos tratos, recibidos en su propio país, fueron un alivio para muchos. Ingrid Andrino, una de las tres educadoras, recuerda como el apoyo de OIM, a través del programa conjunto, facilitó también una donación para los migrantes retornados: “se entregaron 1.970 dispensas de alimentos, además de kits de higiene y de abrigo. Lo que no se utilizó tras el cierre del albergue, en diciembre 2020, se entregó en la Fuerza Aérea Guatemalteca, el lugar donde siguen aterrizando los vuelos desde EE. UU”. El mayor indicador de eficiencia de la labor ejecutada por parte de las educadoras, es un dato objetivo. A lo largo del funcionamiento del albergue “Ramiro de León Carpio”, entre los empleados del IGM, del MSPAS y de OIM, ninguno de ellos resultó positivo a pesar de haberse detectado casos de portadores asintomáticos de COVID-19 entre los migrantes recién ingresados. El equipo de OIM participante en el programa conjunto puntualizó también que, “el éxito del trabajo de las educadoras consistió en el uso de la estrategia “aprender haciendo” y la organización de pequeños grupos de aprendizaje, lo cual fue una acertada forma de hacer llegar los mensajes clave de prevención del virus a las personas migrantes retornadas en los albergues”. Adicionalmente, la “estrategia de trabajo puso al centro los derechos humanos de las personas, permitiendo crear espacios de diálogo y vínculos de confianza entre las educadoras y las personas migrantes para la identificación de necesidades de atención psicosocial y su respectiva derivación”. 

Martes 23 de febrero de 2021. Por la mañana el mercado apenas empieza a revivir algo del fervor habitual que se solía percibir antes de la pandemia. Frente a la fachada de la catedral de Santo Domingo, Sacatepéquez, el tradicional ruido de los vendedores y el paso frenético de los clientes, mezclados en un torbellino de colores y olores apenas empieza a cobrar nuevamente vida, lentamente, después de tantos, demasiados meses de restricciones debido a la pandemia. Como en cualquier otro lugar del país la pandemia trajo desempleo, escasez y pobreza, que se sumaron a la histórica precariedad económica de los pueblos del altiplano guatemalteco.  En el patio de la casa de Ángela Felicita Sujuyuj, el leve sonido del telar de cintura nunca se detiene. Hoy la acompañan Gloria Estela García y Marta Elisabeth Hernández. Las tres son integrantes del consejo de tejedoras del pueblo, socias del Movimiento Nacional de Tejedoras y fundadoras de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez - AFEDES -. Junto a sus telares llevan una vida de lucha y resistencia en defensa de los derechos de las mujeres indígenas y sus expresiones ancestrales, las cuales se reflejan en sus trajes tradicionales.  Gracias a su organización establecieron un antecedente histórico. El 6 de noviembre de 2020 lograron ocupar las portadas de la prensa nacional, cuando la Corte de Constitucionalidad - CC -resolvió a su favor una acción legal en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT - por utilizar la imagen de las mujeres tejedoras como objeto de comercialización y folklorización. En la acción de amparo interpuesta se denunció la exclusión sistemática, en especial de las tejedoras, como beneficiarias directas de los ingresos que genera el Estado a través del turismo. Eso pese a que sus rostros son utilizados para promocionar la marca «Corazón del Mundo Maya», lema bajo el cual se promueven las visitas de turistas al país. El Movimiento Nacional de Tejedoras reclamó que el INGUAT se abstuviera de continuar con estas prácticas y que el Estado adoptara medidas administrativas y políticas públicas que incluyan beneficios para las mujeres indígenas tejedoras. En su fallo a favor, la CC solicitó al INGUAT que, «implemente mecanismos de participación adecuados que permitan la participación real y efectiva de los distintos colectivos de pueblos indígenas en la formulación y diseño de políticas públicas en la materia, específicamente aquellas susceptibles de afectar sus derechos, por medio de representantes legítimos, elegidos conforme a sus propias formas de organización».  Esta no es la primera victoria judicial del Movimiento Nacional de Tejedoras. El Movimiento nació en 2014 con más de 600 tejedoras y el acompañamiento de AFEDES.  Con su creación inició la batalla legal para reclamar el reconocimiento y protección de los derechos de autor de los diseños, textiles e indumentarias, contando a lo largo del camino con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH -, apoyo que continúa en la actualidad. Fue así como dos años más tarde, en 2016, el Movimiento presentó una acción de inconstitucionalidad ante la CC, solicitando la modificación de algunos artículos de varias leyes, incluida la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para garantizar el derecho de propiedad intelectual colectiva, en especial de los textiles e indumentaria de los pueblos indígenas. En 2017, la CC emitió una histórica sentencia exhortando al Congreso de la República a emitir una ley específica que establezca mecanismos de protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. Sin embargo, a la fecha, esta ley aún no ha sido aprobada.  Con una mirada firme, Angelina Aspuac, coordinadora del Movimiento Nacional de Tejedoras y representante común en los procesos judiciales mencionados, explica que la reciente batalla legal va más allá de la pelea jurídica: “se trata de dignidad, porque mientras nada de esto cambie, somos nosotras, las mujeres tejedoras, las que seguimos pagando el costo económico y las que subsidiamos a aquellos que lucran con nuestros textiles. Es más sobre dignidad que otra cosa”. Dignidad. El sentimiento de amor propio vinculado a la pertenencia étnica y cultural de un territorio y su reivindicación en un país donde el racismo y la exclusión son palpables. Eso ha sido el reto de toda una vida para las mujeres de AFEDES. Lo explica con una sonrisa y lenguaje muy directo, Gloria Estela García, mientras sus compañeras no quitan la mirada en los hilos que siguen tejiendo. Originaria de Totonicapán, Gloria explica que empezó a darse cuenta de lo que era el racismo en Guatemala a los 7 años, cuando empezó a realizar tareas de trabajo doméstico en casas de vecinos. Empezó a sentir el desprecio de clase, la discriminación que recibía por ser la “muchacha” de la casa, la “sirvienta”. Esta condición se cristalizó dramáticamente a los 11 años, cuando, por necesidad, fue a buscar trabajo a la ciudad capital. “Desde que me discriminaron yo jamás volví a trabajar de eso, aun si tuviera que comer solamente tortillas con sal, ya no vuelvo a trabajar en casas”, dice, absolutamente convencida, García. Al mudarse encontró que en Guatemala existían dos mundos paralelos: el mundo de los ricos, y el mundo de los pobres, indígenas y mestizos. “Agachá la cabeza, me decía mi madre cuando yo protestaba, pero yo no la agachaba, por eso siempre duré poquito en los lugares de trabajo” sostiene con orgullo García. En su adultez, viviendo en Santo Domingo, Sacatepéquez, García encontró su principal arma de defensa contra la discriminación: la organización colectiva. En 2009, se unió con otras tejedoras para crear el Consejo de Tejedoras, como respuesta a las amenazas que sus integrantes tuvieron que enfrentar en defensa de su identidad cultural indígena, y sus derechos como trabajadoras y comerciantes.  El Consejo de Tejedoras tuvo que protegerse de varios intentos de apropiación de sus técnicas de trabajo por parte de instituciones y particulares que, a lo largo de la última década, han tratado de adueñarse no sólo de sus productos, sino de los derechos de producción, violando el legado cultural que el traje típico representa en la identidad cultural de los pueblos indígenas. En principio, las visitas de personas empresarias y de algunas instituciones eran bienvenidas: como comerciantes, las mujeres necesitaban ampliar su red de ventas en el país. Pero, rápidamente entendieron el engaño. “Nos asustamos” cuenta García con respecto a la última visita, cuando resultó evidente que personas ajenas a su comunidad iban imponiendo formas de producir diferentes y, sobre todo, con el propósito de adueñarse de los derechos de producción de sus tejidos. “Cómo va a ser eso que va a ser su diseño, si yo estoy plasmando allí mi propio diseño… y que ni fuera mío, si es de la población, porque yo lo he traído de mis ancestros”, denuncia la tejedora. Comercializar cultura, vender identidad, sin, además, reconocerles a las depositarias un precio – por si de un precio se tratara de discutir – justo.  La gota que derramó el vaso fue cuando una empresaria capitalina, en sus tiempos de estudiante universitaria, se acercó a García con el pretexto de realizar un estudio sobre las tradiciones culturales del lugar vinculadas al tejido típico, y unos años después, empezó a promover su línea de bolsos típicos por los cuatro vientos en las redes sociales. Cuando García se enteró que los videos promocionales, grabados durante las amigables sesiones de estudio de campo de la universitaria llevaban su rostro como protagonista, se indignó al punto tal que interpuso una denuncia en el Ministerio Público. La fiscal que recibió su demanda cuestionó las razones del enojo de la tejedora, argumentándole que no era un mal que la exclusiva línea de bolsas típicas llevara el nombre de la virgen María, tal como, en el imaginario racista común del país, todas las mujeres indígenas del altiplano. “Tuve un sentimiento muy encontrado, no sabía si reírme o explotar de cólera” comenta García al respecto. Las batallas de las tejedoras en defensa del patrimonio cultural no solamente han pasado por salas  de tribunales. El año pasado, el mundo entero se paralizó frente al peligro de la pandemia y la recesión económica fue notable por todos lados. Nuevamente, en Santo Domingo, Sacatepéquez, la organización logró crear un sistema de solidaridad interna donde quien tenía un poco más apoyaba al más necesitado, pero los meses fueron largos y todavía, argumentan las mujeres tejedoras, la crisis no ha terminado.  Durante el confinamiento, la OACNUDH siguió en contacto con Angelina para impulsar el cumplimiento de la sentencia de la CC. En una de las conversaciones, Angelina solicitó a la OACNUDH realizar una acción que pudiera aliviar, siquiera un poco, la situación de precariedad en la que se encontraban las tejedoras que se habían quedado sin ingresos ante la imposibilidad de vender sus productos. De esa conversación surgió una acción específica: la compra, por parte de la OACNUDH, de 3.000 mascarillas elaboradas por las tejedoras. Las mascarillas llevarían consigo una breve historia del Movimiento y de la reivindicación de sus derechos. “Las 3.000 mascarillas han servido para aliviar un poco la crisis económica de nuestros hogares” comenta Angelina . Además, explica que, a través de este nuevo modelo de cooperación con la OACNUDH, se pudo distribuir las mascarillas a órganos diplomáticos e instituciones del país “cumpliendo con la estrategia de mantener alta la atención política sobre nuestro caso y promover la ley a favor de los derechos culturales y económicos de las tejedoras mayas, estancada en el Congreso”.   Mika Kanervavuori, Representante de la OACNUDH en Guatemala, remarca: “tuve la oportunidad de conocer de primera mano la labor que realiza el Movimiento Nacional de Tejedoras y la organización AFEDES cuando las visité en Sacatepéquez el año pasado. Su compromiso para reclamar los derechos de propiedad intelectual colectiva sobre sus tejidos e indumentaria es admirable. Espero que el tejido social, económico y político de los esfuerzos que realiza el Movimiento vea sus frutos en futuro cercano”.  

“Es increíble cómo se ha disparado el nivel de violencia en el pueblo durante la pandemia”, asevera Brenda Méndez desde la pantalla de su celular, en videoconferencia, sentada en un aula del instituto básico por cooperativa que dirige a partir de este año en Bulej, comunidad ubicada a 160 kilómetros al norte de Huehuetenango, a los pies de la majestuosa cadena montañosa de los Cuchumatanes. Lo dice con una sonrisa nerviosa, como si se sorprendiera por un concepto resabido, un secreto a voces, que experimentan las mujeres indígenas del área rural en su vida diaria, desde el ámbito público hasta las paredes de sus hogares, víctimas de la exclusión doméstica, social, económica y étnica, en un ciclo impermeable a los cambios del tiempo, que no parece tener fin. Jefa única de hogar de 30 años, separada de su esposo desde el nacimiento de su segundo hijo, Méndez es una de las 240 mujeres identificadas como agentes de protección por ONU Mujeres, que lideran redes de protección en 80 comunidades en el departamento de Huehuetenango en coordinación con la Defensoría de la Mujer Indígena de la región. La red comunitaria que lidera logró atención inmediata que, en menos de 24 horas, permitió atender un caso de alto riesgo, movilizando la respuesta coordinada de las instituciones de seguridad y justicia y la iniciativa privada departamental.  Mujer rebelde desde cuando era niña - así ama definirse ella, muy orgullosamente - Méndez se empoderó de su papel de mujer dentro del contexto hiper-machista de su comunidad a través de un recorrido de maduración largo, vivido en carne propia, alcanzando su independencia económica con su profesión de maestra y la independencia intelectual gracias al acompañamiento de la organización Actoras de Cambio, a la cual pertenece y por medio de la cual ha podido solidarizarse con otras redes de mujeres indígenas en todo el país, entrecruzando experiencias de vida, sintiéndose, al final, menos sola de lo que pensaba al principio de este virtuoso camino. Desde el 2015, es la coordinadora de dos grupos de mujeres, 35 en total, que se apoyan mutuamente en la comunidad, comparten espacios de sanación, de trabajo colectivo y se protegen de la violencia de la vida, con el sueño de fundar una asociación de mujeres que les permita ampliar el trabajo de emancipación femenina tan necesario en ese rincón del mundo.   Pueblo de 20.000 habitantes escondido entre las nubes del altiplano, Bulej cuenta con una tasa de migración del 75 por ciento. Al momento, sólo un cuarto de la población reside en el pueblo, la mayor parte son ancianos, mujeres e infantes. La comunidad, perteneciente al municipio de San Mateo Ixtatán, uno de los primeros por tasa de desnutrición infantil a nivel nacional, destaca por la imponente arquitectura de remesas que domina la estética de las casas en construcción, quintales de cemento y ventanas que, al momento, no hospedarán a nadie en su interior, ya que la mayoría de sus propietarios sigue viviendo en Estados Unidos, trabajando para realizar su sueño, levantar edificios y negocios, a cuesta, muchas veces, de la desintegración familiar. A primera vista, Bulej, con sus camiones de transporte de carga, las tiendas repletas de bicicletas nuevas, las grandes viviendas y las banderas gringas en homenaje al sueño americano, no ostenta las condiciones críticas en que viven las personas que se han quedado en la comunidad, la precariedad humana y emocional que se vive en una aldea fantasma. “Sólo en los últimos dos meses, 7 de los 16 estudiantes del primer grado de básico se han ido de la escuela para emprender el viaje al norte”, comenta Méndez refiriéndose al fenómeno del abandono escolar como algo trágicamente normal en Bulej. Si ya la situación era dramática antes de la pandemia, en el último año la crisis la ha agudizado drásticamente: los comercios pararon por varios meses, los precios se dispararon y el cáncer del alcoholismo, lejos de haberse limitado, empeoró aún más influyendo en el alza de la violencia intrafamiliar en la comunidad. Como si no fuera suficiente, a finales del año pasado, las tormentas ETA e IOTA empeoraron el contexto, inundando por completo la comunidad bajo metros de lodo y agua, sepultando pertenencias, cultivos y esperanzas. Justo en esa época, a Méndez le tocó lidiar con un caso complejo de violencia en contra de una paisana, que la llevó a tener que huir de la comunidad por un mes entero, hasta el año nuevo, junto con toda su familia, antes de que cesaran las amenazas en su contra.  El 9 de diciembre de 2020, Eulalia Alonzo, mujer embarazada de 32 años, fue bárbaramente violada por el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad, un hombre de 75 años, quien aprovechó la invalidez del esposo de la víctima para meterse en su casa y agredirla sexualmente. El hijo mayor de Eulalia, de 15 años, intervino en su defensa golpeando al agresor, quien reaccionó mandando a encarcelar a madre e hijo con la acusación de ofensa e insubordinación a la autoridad pública. Con el pretexto de ir a buscar los 75 mil quetzales de caución para salir de la cárcel, Eulalia llegó a la casa de Brenda y, de inmediato, fue trasladada a la sede de la Defensoría de la Mujer de Huehuetenango, mientras al teléfono de la mujer seguían entrando mensajes intimidatorios por parte de las autoridades de la comunidad. “Afortunadamente, la coordinación con la representante de ONU Mujeres fue muy efectiva y el traslado de la mujer se realizó rápidamente”. Sin embargo, quince días después, Eulalia Alonzo, recién regresada a la comunidad, murió, probablemente, por algunas complicaciones debidas al embarazo. La familia, como en la mayoría de los casos, no dio seguimiento legal al hecho.  Limny Castillo, de la Dirección Municipal de la Mujer del Municipio de La Democracia e Irma Argueta, delegada departamental de la Secretaría Presidencial de la Mujer, trabajan junto con ONU Mujeres tratando de facilitar espacios de encuentro entre las mujeres afectadas por la violencia de género, así como levantar protagonismo entre las redes de agentes de protección comunitaria y facilitar mecanismos de denuncia contra los agresores y defensa de las agredidas. Ambas coinciden en que la colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas, durante el último año, ha sido más que oportuna debido a las condiciones no planificadas de vulnerabilidad económica y social ocasionadas, primero por la pandemia, y después, por las dos tormentas tropicales. Por su parte, la seguridad alimentaria, en uno de los departamentos con mayores índices de desnutrición del país, y la mejora de las condiciones de vida de la población, principalmente de las mujeres, son retos que ahora son más factibles de superar, gracias al trabajo y enorme compromiso de personas como Brenda Méndez.  “Nos estamos acuerpando con grupos de mujeres de otros municipios, solidarizándonos y sintiéndonos más fuertes. Las autoridades reconocen nuestro trabajo y responden a nuestras peticiones. La policía reacciona prontamente a nuestras llamadas porque ya nos conocen, respetan nuestro trabajo y nos apoyan” subraya Méndez ya con menos nerviosismo en la voz. “Allí viene la que les da el poder a las mujeres”, se ríe, repitiendo el comentario que siempre más hombres exclaman al cruzarse con ella en la calle. Y esta vez, se ríe con gusto, consciente de su aporte y los logros que está cultivando en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

Desde marzo 2020, para muchos, el mayor temor es desarrollar la COVID-19 o que la desarrolle algún familiar con quien se comparte el techo. En Guatemala, es muy común que una misma vivienda, muchas veces limitada también en espacio, hospede a más de un núcleo familiar, creando así condiciones adversas para la propagación del Coronavirus. Ese fue el caso de Ana Cecilia Pablo y su extensa familia. Su casa, a la orilla de La Limonada, uno de los asentamientos humanos más antiguos de la Ciudad de Guatemala en la Zona 5, cuenta con tres cuartos donde viven un número equivalente de núcleos familiares. Ana Cecilia ocupa uno junto a su esposo y sus tres hijos. Otra habitación la ocupa su hermana y Santos Pablo, la mamá de 90 años, y la tercera recámara, el hermano y su familia.  Ana Cecilia no se explica cómo su hermano resultó contagiado de COVID-19. Tiene un taller de reparación de televisores donde, afirma, llega mucha gente. “Desde que empezó la pandemia nos hemos cuidado mucho, mi hermana es enfermera y nos ha dicho cómo hacerlo”, remarca, “aún así nos trajimos ese bicho a la casa”. Dadas las condiciones de la vivienda y con su hermano enfermo, era inevitable, así que, pasada una semana, enfermó su esposo y ella misma poco después. Decidió mandar a sus dos hijos, de 27 y 11 años, a vivir con unos familiares en el mismo barrio. Solo su hija de 15 se quedó en la casa, “fue nuestra enfermera”, dice.    Como en un efecto dominó enfermó también su hermana y su mamá.  Al inicio, únicamente el hermano manifestó síntomas graves y casi inmediatamente fue internado en el hospital General San Juan de Dios. Allí pasó 23 días bajo el cuidado de los médicos. El resto de la familia presentó síntomas leves controlados desde casa. Después de unos días, Santos presentó dificultad para respirar y fue llevada al hospital. Ana Cecilia recuerda que toda la familia se sorprendió cuando no fue internada.  Sobre todo, durante los primeros meses de la pandemia, la familia de Ana Cecilia y Santos se dio cuenta que algunas personas del vecindario habían fallecido a causa de la COVID-19. “Pero nadie lo dice por el miedo a ser discriminado, e inclusive linchado, por los demás vecinos, así que nosotros tampoco lo dijimos. Solo la familia cercana se enteró”.  La Municipalidad de Guatemala instaló algunos “Centros de Bienestar Respiratorio (CBR)” y Santos acudió a uno de ellos en la Zona 6. Fue atendida y recibió un kit de medicamentos para aliviar su condición. En ese momento se abrió un expediente para ella con el fin de monitorear su salud a distancia.  Cada persona que es atendida en los CBR de la Municipalidad y en los 12 Centros de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, es registrada y monitoreada periódicamente por vía telefónica hasta que supere la enfermedad.   “En Julio 2020 empezamos la planificación de este proyecto y se implementó desde Agosto”, comenta Patricia Juárez, coordinadora de la Estrategia de Rastreo de Casos y Contactos, de la Dirección Área de Salud Guatemala Central del MSPAS, “con el apoyo de la Organización Panamericana de Salud (OPS) capacitamos a los jóvenes que están atendiendo el call center”. Ese fue un “plan piloto”, después, el Decreto Ministerial 146-2020 escaló la implementación a nivel nacional. Hasta el momento se han atendido miles de personas y sus datos han sido almacenados en una aplicación llamada GoData, que facilita el seguimiento periódico. El “Rastreo de Casos y Contactos” es una estrategia clave para interrumpir las cadenas de transmisión del SARS-CoV-2 y reducir la mortalidad asociada a la COVID-19. El objetivo es identificar y proporcionar acompañamiento durante el período de cuarentena a las personas que han estado en contacto con personas con COVID-19, así como para encontrar una fuente de infección identificando entornos o eventos donde la infección pudo haber ocurrido, permitiendo ajustar y evaluar medidas específicas de salud pública y sociales. En el transcurso de los días y la evolución de la enfermedad, Santos empeoró, su hija le había medido la saturación de oxígeno en la sangre, que descendió al 77%, presentando mucha dificultad para respirar. Con una de las llamadas de monitoreo contestada por Ana Cecilia se evaluó su condición. Prontamente se informó a los Bomberos Municipales que, 15 minutos después, llegaron con una ambulancia. Santos, imposibilitada para caminar, fue cargada por los empinados callejones hasta la calle principal para ser trasladada al Hospital.  “Fue lo peor, toda la familia estuvo en oración”, recuerda Ana Cecilia, “estábamos muy preocupados porque sabíamos que podía morir, mi mamá tiene 90 años, tiene diabetes y anemia severa. ¡Aun así, aguantó esa enfermedad!”.  Tal y como su hijo, Santos regresó a casa después de 23 días de cuidado en el Hospital San Juan de Dios y finalmente todos los miembros de la familia estuvieron sanos. Santos aún presenta algunas secuelas que le dejó la COVID-19, pero su moral es alta y espera superarlas pronto. Lejos que la emergencia causada por la pandemia termine, miles de familias, sobre todo en las zonas más pobladas de la Ciudad de Guatemala, sienten alivio de poder contar con la estructura logística establecida por OPS/OMS y MSPAS, a la cual pueden avocarse en caso de contagio de la COVID-19. La atención medica de calidad está al alcance de una llamada telefónica.