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Hoy es un día especial para Nancy. Va a asistir a un taller con otras mujeres que viven con el VIH en la localidad de Pajapita, San, organizado por la organización comunitaria Proyecto Vida, para reforzar sus capacidades como asistente jurídica comunitaria, con el apoyo de ONUSIDA. Empezó como asistente jurídica en 2022, tras recibir primero un curso de un año sobre habilidades de liderazgo comunitario y un segundo de formación para ser asistente jurídica. Una de las funciones de los asistentes jurídicos es aumentar los conocimientos jurídicos de los miembros de la comunidad de personas que viven con el VIH para abordar sus problemas a tiempo y garantizar que se respeten sus derechos. Nancy explicó que "Mi tarea consiste en empoderar a otras mujeres que viven con el VIH, ayudarlas a mejorar sus capacidades jurídicas, ayudarlas a conocer sus derechos, acompañarlas mientras navegan por los sistemas jurídicos y emprender acciones para proteger sus intereses." La mayoría de los casos que tiene que abordar son casos de mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas, que también son seropositivas y a menudo descargan sus propias frustraciones en sus parejas. En muchos casos, la excesiva dependencia del alcohol o las drogas supone la pérdida de control de los hombres y el consiguiente maltrato físico, mental o económico de las mujeres. La violencia de género alcanza niveles epidémicos en Guatemala.  Dos mujeres mueren cada día en Guatemala, según datos de 2022 del Ministerio del Interior. Y la violencia sexual aumenta el riesgo de transmisión del VIH. La violencia y la amenaza de violencia dificultan la capacidad de las personas para protegerse de la infección. Cuando las relaciones sexuales son violentas o forzadas, las mujeres corren un alto riesgo de infección por el VIH. Según el Informe mundial de seguimiento del sida 2023, entre las 31.000 personas estimadas que viven con el VIH en Guatemala, el 98% de los hombres adultos y el 94% de las mujeres adultas conocen su estado serológico respecto al VIH; entre los que conocen su estado, el 15% de los hombres adultos no reciben tratamiento antirretrovírico y el 22% de las mujeres adultas que lo necesitan no lo reciben. Estas cifras demuestran que las mujeres se enfrentan a retos específicos a la hora de acceder a los servicios sanitarios, debido a las desigualdades de género y a la violencia. Nancy puede confiar en la red de sus compañeras, que son otras mujeres formadas como líderes comunitarias parajurídicas. "Juntas, estas mujeres que viven con el VIH y proceden de entornos pobres y vulnerables forman una red informal que aumenta su capacidad y eficacia a la hora de mejorar sus habilidades y conocimientos jurídicos, ayudándolas y protegiéndolas en el diálogo con las autoridades y las fuerzas del orden", subraya Hermana Dee, Coordinadora de proyectos del Proyecto Vida. Una ventaja de trabajar con asistentes jurídicos es evitar que los problemas existentes se agraven. Los parajuristas pueden adoptar un enfoque preventivo mediante la educación de la comunidad y campañas públicas, no sólo para evitar que los problemas existentes empeoren, sino también para evitar que surjan otros nuevos. Como las mujeres también han recibido formación en técnicas de conciliación, hay muchos casos en los que la situación se resuelve en el hogar y no es necesario acudir a los tribunales. Otra función de los asistentes jurídicos es mantener un contacto regular con las mujeres que han sufrido violencia y están en proceso de recuperación. Y como subraya Marie Engel, Directora de País de ONUSIDA para Guatemala "Los asistentes jurídicos que trabajan en las comunidades locales a menudo conocen las necesidades de estas comunidades mejor que los abogados, asesores y otros profesionales del derecho. Viven la vida de las comunidades y suelen tener experiencia propia en la protección de sus derechos. Esto aumenta enormemente la confianza de la comunidad en ellos y la eficacia del proceso de defensa. Tenemos que dejar que las comunidades lideren".