Martes 23 de febrero de 2021. Por la mañana el mercado apenas empieza a revivir algo del fervor habitual que se solía percibir antes de la pandemia. Frente a la fachada de la catedral de Santo Domingo, Sacatepéquez, el tradicional ruido de los vendedores y el paso frenético de los clientes, mezclados en un torbellino de colores y olores apenas empieza a cobrar nuevamente vida, lentamente, después de tantos, demasiados meses de restricciones debido a la pandemia. Como en cualquier otro lugar del país la pandemia trajo desempleo, escasez y pobreza, que se sumaron a la histórica precariedad económica de los pueblos del altiplano guatemalteco.  En el patio de la casa de Ángela Felicita Sujuyuj, el leve sonido del telar de cintura nunca se detiene. Hoy la acompañan Gloria Estela García y Marta Elisabeth Hernández. Las tres son integrantes del consejo de tejedoras del pueblo, socias del Movimiento Nacional de Tejedoras y fundadoras de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez - AFEDES -. Junto a sus telares llevan una vida de lucha y resistencia en defensa de los derechos de las mujeres indígenas y sus expresiones ancestrales, las cuales se reflejan en sus trajes tradicionales.  Gracias a su organización establecieron un antecedente histórico. El 6 de noviembre de 2020 lograron ocupar las portadas de la prensa nacional, cuando la Corte de Constitucionalidad - CC -resolvió a su favor una acción legal en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT - por utilizar la imagen de las mujeres tejedoras como objeto de comercialización y folklorización. En la acción de amparo interpuesta se denunció la exclusión sistemática, en especial de las tejedoras, como beneficiarias directas de los ingresos que genera el Estado a través del turismo. Eso pese a que sus rostros son utilizados para promocionar la marca «Corazón del Mundo Maya», lema bajo el cual se promueven las visitas de turistas al país. El Movimiento Nacional de Tejedoras reclamó que el INGUAT se abstuviera de continuar con estas prácticas y que el Estado adoptara medidas administrativas y políticas públicas que incluyan beneficios para las mujeres indígenas tejedoras. En su fallo a favor, la CC solicitó al INGUAT que, «implemente mecanismos de participación adecuados que permitan la participación real y efectiva de los distintos colectivos de pueblos indígenas en la formulación y diseño de políticas públicas en la materia, específicamente aquellas susceptibles de afectar sus derechos, por medio de representantes legítimos, elegidos conforme a sus propias formas de organización».  Esta no es la primera victoria judicial del Movimiento Nacional de Tejedoras. El Movimiento nació en 2014 con más de 600 tejedoras y el acompañamiento de AFEDES.  Con su creación inició la batalla legal para reclamar el reconocimiento y protección de los derechos de autor de los diseños, textiles e indumentarias, contando a lo largo del camino con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH -, apoyo que continúa en la actualidad. Fue así como dos años más tarde, en 2016, el Movimiento presentó una acción de inconstitucionalidad ante la CC, solicitando la modificación de algunos artículos de varias leyes, incluida la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para garantizar el derecho de propiedad intelectual colectiva, en especial de los textiles e indumentaria de los pueblos indígenas. En 2017, la CC emitió una histórica sentencia exhortando al Congreso de la República a emitir una ley específica que establezca mecanismos de protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. Sin embargo, a la fecha, esta ley aún no ha sido aprobada.  Con una mirada firme, Angelina Aspuac, coordinadora del Movimiento Nacional de Tejedoras y representante común en los procesos judiciales mencionados, explica que la reciente batalla legal va más allá de la pelea jurídica: “se trata de dignidad, porque mientras nada de esto cambie, somos nosotras, las mujeres tejedoras, las que seguimos pagando el costo económico y las que subsidiamos a aquellos que lucran con nuestros textiles. Es más sobre dignidad que otra cosa”. Dignidad. El sentimiento de amor propio vinculado a la pertenencia étnica y cultural de un territorio y su reivindicación en un país donde el racismo y la exclusión son palpables. Eso ha sido el reto de toda una vida para las mujeres de AFEDES. Lo explica con una sonrisa y lenguaje muy directo, Gloria Estela García, mientras sus compañeras no quitan la mirada en los hilos que siguen tejiendo. Originaria de Totonicapán, Gloria explica que empezó a darse cuenta de lo que era el racismo en Guatemala a los 7 años, cuando empezó a realizar tareas de trabajo doméstico en casas de vecinos. Empezó a sentir el desprecio de clase, la discriminación que recibía por ser la “muchacha” de la casa, la “sirvienta”. Esta condición se cristalizó dramáticamente a los 11 años, cuando, por necesidad, fue a buscar trabajo a la ciudad capital. “Desde que me discriminaron yo jamás volví a trabajar de eso, aun si tuviera que comer solamente tortillas con sal, ya no vuelvo a trabajar en casas”, dice, absolutamente convencida, García. Al mudarse encontró que en Guatemala existían dos mundos paralelos: el mundo de los ricos, y el mundo de los pobres, indígenas y mestizos. “Agachá la cabeza, me decía mi madre cuando yo protestaba, pero yo no la agachaba, por eso siempre duré poquito en los lugares de trabajo” sostiene con orgullo García. En su adultez, viviendo en Santo Domingo, Sacatepéquez, García encontró su principal arma de defensa contra la discriminación: la organización colectiva. En 2009, se unió con otras tejedoras para crear el Consejo de Tejedoras, como respuesta a las amenazas que sus integrantes tuvieron que enfrentar en defensa de su identidad cultural indígena, y sus derechos como trabajadoras y comerciantes.  El Consejo de Tejedoras tuvo que protegerse de varios intentos de apropiación de sus técnicas de trabajo por parte de instituciones y particulares que, a lo largo de la última década, han tratado de adueñarse no sólo de sus productos, sino de los derechos de producción, violando el legado cultural que el traje típico representa en la identidad cultural de los pueblos indígenas. En principio, las visitas de personas empresarias y de algunas instituciones eran bienvenidas: como comerciantes, las mujeres necesitaban ampliar su red de ventas en el país. Pero, rápidamente entendieron el engaño. “Nos asustamos” cuenta García con respecto a la última visita, cuando resultó evidente que personas ajenas a su comunidad iban imponiendo formas de producir diferentes y, sobre todo, con el propósito de adueñarse de los derechos de producción de sus tejidos. “Cómo va a ser eso que va a ser su diseño, si yo estoy plasmando allí mi propio diseño… y que ni fuera mío, si es de la población, porque yo lo he traído de mis ancestros”, denuncia la tejedora. Comercializar cultura, vender identidad, sin, además, reconocerles a las depositarias un precio – por si de un precio se tratara de discutir – justo.  La gota que derramó el vaso fue cuando una empresaria capitalina, en sus tiempos de estudiante universitaria, se acercó a García con el pretexto de realizar un estudio sobre las tradiciones culturales del lugar vinculadas al tejido típico, y unos años después, empezó a promover su línea de bolsos típicos por los cuatro vientos en las redes sociales. Cuando García se enteró que los videos promocionales, grabados durante las amigables sesiones de estudio de campo de la universitaria llevaban su rostro como protagonista, se indignó al punto tal que interpuso una denuncia en el Ministerio Público. La fiscal que recibió su demanda cuestionó las razones del enojo de la tejedora, argumentándole que no era un mal que la exclusiva línea de bolsas típicas llevara el nombre de la virgen María, tal como, en el imaginario racista común del país, todas las mujeres indígenas del altiplano. “Tuve un sentimiento muy encontrado, no sabía si reírme o explotar de cólera” comenta García al respecto. Las batallas de las tejedoras en defensa del patrimonio cultural no solamente han pasado por salas  de tribunales. El año pasado, el mundo entero se paralizó frente al peligro de la pandemia y la recesión económica fue notable por todos lados. Nuevamente, en Santo Domingo, Sacatepéquez, la organización logró crear un sistema de solidaridad interna donde quien tenía un poco más apoyaba al más necesitado, pero los meses fueron largos y todavía, argumentan las mujeres tejedoras, la crisis no ha terminado.  Durante el confinamiento, la OACNUDH siguió en contacto con Angelina para impulsar el cumplimiento de la sentencia de la CC. En una de las conversaciones, Angelina solicitó a la OACNUDH realizar una acción que pudiera aliviar, siquiera un poco, la situación de precariedad en la que se encontraban las tejedoras que se habían quedado sin ingresos ante la imposibilidad de vender sus productos. De esa conversación surgió una acción específica: la compra, por parte de la OACNUDH, de 3.000 mascarillas elaboradas por las tejedoras. Las mascarillas llevarían consigo una breve historia del Movimiento y de la reivindicación de sus derechos. “Las 3.000 mascarillas han servido para aliviar un poco la crisis económica de nuestros hogares” comenta Angelina . Además, explica que, a través de este nuevo modelo de cooperación con la OACNUDH, se pudo distribuir las mascarillas a órganos diplomáticos e instituciones del país “cumpliendo con la estrategia de mantener alta la atención política sobre nuestro caso y promover la ley a favor de los derechos culturales y económicos de las tejedoras mayas, estancada en el Congreso”.   Mika Kanervavuori, Representante de la OACNUDH en Guatemala, remarca: “tuve la oportunidad de conocer de primera mano la labor que realiza el Movimiento Nacional de Tejedoras y la organización AFEDES cuando las visité en Sacatepéquez el año pasado. Su compromiso para reclamar los derechos de propiedad intelectual colectiva sobre sus tejidos e indumentaria es admirable. Espero que el tejido social, económico y político de los esfuerzos que realiza el Movimiento vea sus frutos en futuro cercano”.  

“Es increíble cómo se ha disparado el nivel de violencia en el pueblo durante la pandemia”, asevera Brenda Méndez desde la pantalla de su celular, en videoconferencia, sentada en un aula del instituto básico por cooperativa que dirige a partir de este año en Bulej, comunidad ubicada a 160 kilómetros al norte de Huehuetenango, a los pies de la majestuosa cadena montañosa de los Cuchumatanes. Lo dice con una sonrisa nerviosa, como si se sorprendiera por un concepto resabido, un secreto a voces, que experimentan las mujeres indígenas del área rural en su vida diaria, desde el ámbito público hasta las paredes de sus hogares, víctimas de la exclusión doméstica, social, económica y étnica, en un ciclo impermeable a los cambios del tiempo, que no parece tener fin. Jefa única de hogar de 30 años, separada de su esposo desde el nacimiento de su segundo hijo, Méndez es una de las 240 mujeres identificadas como agentes de protección por ONU Mujeres, que lideran redes de protección en 80 comunidades en el departamento de Huehuetenango en coordinación con la Defensoría de la Mujer Indígena de la región. La red comunitaria que lidera logró atención inmediata que, en menos de 24 horas, permitió atender un caso de alto riesgo, movilizando la respuesta coordinada de las instituciones de seguridad y justicia y la iniciativa privada departamental.  Mujer rebelde desde cuando era niña - así ama definirse ella, muy orgullosamente - Méndez se empoderó de su papel de mujer dentro del contexto hiper-machista de su comunidad a través de un recorrido de maduración largo, vivido en carne propia, alcanzando su independencia económica con su profesión de maestra y la independencia intelectual gracias al acompañamiento de la organización Actoras de Cambio, a la cual pertenece y por medio de la cual ha podido solidarizarse con otras redes de mujeres indígenas en todo el país, entrecruzando experiencias de vida, sintiéndose, al final, menos sola de lo que pensaba al principio de este virtuoso camino. Desde el 2015, es la coordinadora de dos grupos de mujeres, 35 en total, que se apoyan mutuamente en la comunidad, comparten espacios de sanación, de trabajo colectivo y se protegen de la violencia de la vida, con el sueño de fundar una asociación de mujeres que les permita ampliar el trabajo de emancipación femenina tan necesario en ese rincón del mundo.   Pueblo de 20.000 habitantes escondido entre las nubes del altiplano, Bulej cuenta con una tasa de migración del 75 por ciento. Al momento, sólo un cuarto de la población reside en el pueblo, la mayor parte son ancianos, mujeres e infantes. La comunidad, perteneciente al municipio de San Mateo Ixtatán, uno de los primeros por tasa de desnutrición infantil a nivel nacional, destaca por la imponente arquitectura de remesas que domina la estética de las casas en construcción, quintales de cemento y ventanas que, al momento, no hospedarán a nadie en su interior, ya que la mayoría de sus propietarios sigue viviendo en Estados Unidos, trabajando para realizar su sueño, levantar edificios y negocios, a cuesta, muchas veces, de la desintegración familiar. A primera vista, Bulej, con sus camiones de transporte de carga, las tiendas repletas de bicicletas nuevas, las grandes viviendas y las banderas gringas en homenaje al sueño americano, no ostenta las condiciones críticas en que viven las personas que se han quedado en la comunidad, la precariedad humana y emocional que se vive en una aldea fantasma. “Sólo en los últimos dos meses, 7 de los 16 estudiantes del primer grado de básico se han ido de la escuela para emprender el viaje al norte”, comenta Méndez refiriéndose al fenómeno del abandono escolar como algo trágicamente normal en Bulej. Si ya la situación era dramática antes de la pandemia, en el último año la crisis la ha agudizado drásticamente: los comercios pararon por varios meses, los precios se dispararon y el cáncer del alcoholismo, lejos de haberse limitado, empeoró aún más influyendo en el alza de la violencia intrafamiliar en la comunidad. Como si no fuera suficiente, a finales del año pasado, las tormentas ETA e IOTA empeoraron el contexto, inundando por completo la comunidad bajo metros de lodo y agua, sepultando pertenencias, cultivos y esperanzas. Justo en esa época, a Méndez le tocó lidiar con un caso complejo de violencia en contra de una paisana, que la llevó a tener que huir de la comunidad por un mes entero, hasta el año nuevo, junto con toda su familia, antes de que cesaran las amenazas en su contra.  El 9 de diciembre de 2020, Eulalia Alonzo, mujer embarazada de 32 años, fue bárbaramente violada por el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad, un hombre de 75 años, quien aprovechó la invalidez del esposo de la víctima para meterse en su casa y agredirla sexualmente. El hijo mayor de Eulalia, de 15 años, intervino en su defensa golpeando al agresor, quien reaccionó mandando a encarcelar a madre e hijo con la acusación de ofensa e insubordinación a la autoridad pública. Con el pretexto de ir a buscar los 75 mil quetzales de caución para salir de la cárcel, Eulalia llegó a la casa de Brenda y, de inmediato, fue trasladada a la sede de la Defensoría de la Mujer de Huehuetenango, mientras al teléfono de la mujer seguían entrando mensajes intimidatorios por parte de las autoridades de la comunidad. “Afortunadamente, la coordinación con la representante de ONU Mujeres fue muy efectiva y el traslado de la mujer se realizó rápidamente”. Sin embargo, quince días después, Eulalia Alonzo, recién regresada a la comunidad, murió, probablemente, por algunas complicaciones debidas al embarazo. La familia, como en la mayoría de los casos, no dio seguimiento legal al hecho.  Limny Castillo, de la Dirección Municipal de la Mujer del Municipio de La Democracia e Irma Argueta, delegada departamental de la Secretaría Presidencial de la Mujer, trabajan junto con ONU Mujeres tratando de facilitar espacios de encuentro entre las mujeres afectadas por la violencia de género, así como levantar protagonismo entre las redes de agentes de protección comunitaria y facilitar mecanismos de denuncia contra los agresores y defensa de las agredidas. Ambas coinciden en que la colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas, durante el último año, ha sido más que oportuna debido a las condiciones no planificadas de vulnerabilidad económica y social ocasionadas, primero por la pandemia, y después, por las dos tormentas tropicales. Por su parte, la seguridad alimentaria, en uno de los departamentos con mayores índices de desnutrición del país, y la mejora de las condiciones de vida de la población, principalmente de las mujeres, son retos que ahora son más factibles de superar, gracias al trabajo y enorme compromiso de personas como Brenda Méndez.  “Nos estamos acuerpando con grupos de mujeres de otros municipios, solidarizándonos y sintiéndonos más fuertes. Las autoridades reconocen nuestro trabajo y responden a nuestras peticiones. La policía reacciona prontamente a nuestras llamadas porque ya nos conocen, respetan nuestro trabajo y nos apoyan” subraya Méndez ya con menos nerviosismo en la voz. “Allí viene la que les da el poder a las mujeres”, se ríe, repitiendo el comentario que siempre más hombres exclaman al cruzarse con ella en la calle. Y esta vez, se ríe con gusto, consciente de su aporte y los logros que está cultivando en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

“Ya encajó, ya está bien posicionado” afirma Rosa Lidia Xot Gómez con dulzura, detrás de su mascarilla celeste, después de haber acariciado con guantes de látex el vientre hinchado de María Magdalena Zurdo, a punto de parir, en la penumbra del humilde pasillo de la casa de dos niveles donde la futura madre vive junto con su esposo, su primer hijo y otros dos familiares. Se trata de la tercera visita que la comadrona de 44 años realiza a la casa de su paciente. “A partir del tercer mes de embarazo, generalmente, visito a las futuras mamás una vez al mes. En este caso no pude hacerlo con la misma constancia de siempre, pero la señora está en buena salud y nunca tuvo problemas, siempre me he mantenido al tanto de la situación”, asevera Xot, con la serenidad de sus 30 años de práctica y los más de 300 partos atendidos. María Magdalena Zurdo, es una de las veinte madres que la comadrona atiende desde el principio de la pandemia. Ama de casa, depende, junto con el resto de su familia, del sueldo de 40 quetzales diarios que trae, no todos los días, su marido, jornalero. Al fondo del estrecho pasillo gris donde es atendida por la comadrona, se vislumbra un ambiente más ancho y luminoso, el patio, donde destaca la presencia de un altar doméstico, con algunas imágenes sagradas y flores, rodeado por una infinidad de tanques y cubetas de diferentes tamaños para almacenar agua. En Chuarrancho, municipio donde las dos señoras viven, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad capital – y a hora y media en transporte público – casi no hay agua potable, y en todas las casas del pueblo es común ver torres de recipientes de varios volúmenes listos para el acarreo de agua desde los pozos de la comunidad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento de Guatemala, al cual pertenece Chuarrancho, tiene un nivel de pobreza de 33,3%. Por su parte, las cifras que maneja la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) sitúan a Chuarrancho como un municipio con vulnerabilidad nutricional moderada. En medio de este entorno socioeconómico ya complejo, la pandemia se insertó añadiendo una dificultad más en la vida de las personas, quienes no se dan por vencidas, acostumbradas a hacerle frente a los obstáculos cotidianos. “Afortunadamente, la gente se está cuidando mucho acá en el pueblo y en las aldeas, y no hay tantos casos de contagio”, afirma Xot. “Incluso hubo una disminución de embarazos”, sigue en su análisis la partera, que, al mismo tiempo, subraya la importancia de su trabajo a domicilio durante estos largos meses de pandemia, “ya que la gente tiene más miedo de acudir a un hospital, por miedo a contagiarse”. Xot nunca ha cesado de atender a las mujeres embarazadas, ni siquiera durante períodos de toque de queda o los fines de semana. “La salud es nuestro compromiso, por eso Dios nos ha elegido” comenta Xot con respecto al crucial papel que, tradicionalmente, según la cosmovisión maya, ejercen las comadronas, quienes nacidas en un contexto cultural donde prevalece el sentido de comunidad y servicio al prójimo, desde muy jóvenes reciben el “don” sagrado de atender partos, el cual perfeccionaban acompañando a las comadronas más experimentadas. “Durante los toques de queda me daba un poco de miedo andar sola, pero me armaba de valor y no olvidaba llevar mi licencia. Atendí a mujeres embarazadas hasta Tierra Caliente” asevera, refiriéndose a una aldea distante, ubicada a aproximadamente 15 kilómetros del municipio. A distancia de una década del reconocimiento que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindó al trabajo de las comadronas, dotándolas de una licencia institucional, Xot también destaca los más de diez años que llevan trabajando de la mano con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ha acompañado el trabajo de las comadronas dotándolas de equipo técnico y contribuyendo con el desarrollo de la Política Nacional de Comadronas y su plan operativo, promoviendo un modelo de intercambio de saberes entre la institucionalidad y las comadronas tradicionales. A pocas cuadras del domicilio de María Magdalena Zurdo, en casa de Marcela Gómez Xuyá, otra comadrona más anciana, de 61 años, utiliza uno de los kits que UNFPA acaba de donar al grupo de comadronas de la región: en una cubeta se encuentran mascarillas, guantes, una careta y una toalla. Estos kits fueron adquiridos a través del Programa Conjunto de Apoyo a la respuesta humanitaria en salud y cuarentena digna para personas migrantes retornadas durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, cuyo objetivo era salvar vidas. Xuyá confirma la tendencia de disminución de los partos atendidos durante el último año de pandemia: en su libreta tiene contabilizados 18. Analfabeta, es apoyada por su esposo con el registro de los casos atendidos, reportados con enorme cuidado y escrúpulo. A pesar del número menor de nacidos, destaca un parto prematuro y dos mujeres de 16 años que dieron a luz. A pesar de no haber encarado un año intenso cuantitativamente, no faltaron las situaciones difíciles. “Una vez tuve que atender un embarazo de una niña de 13 años, y desde los 15 años hay muchas patojas que todavía se embarazan” declara la anciana partera, con mirada severa, consciente de la situación difícil que origina los partos de las menores de edad. “Por eso siempre reporto la información a las autoridades, es una enorme responsabilidad cuando se trata de patojas”. A la par de Xuyá, se sienta Abigail Monroy Xuyá, representante del sector de mujeres dentro del consejo de autoridades indígenas de la comunidad, el gobierno ancestral que apoya el poder político en Chuarrancho a la par de la autoridad municipal del alcalde y del COCODE. Abigail Monroy suele acompañar las visitas de las comadronas en las situaciones de riesgo, para ampararlas frente a la ley y coadyuvar el trabajo de atención médica de las comadronas con la parte de atención legal. En eso también se ve el fruto del trabajo de acompañamiento de UNFPA a lo largo de estos 10 años: el empoderamiento de las comadronas abarca también el tema legal de su servicio. Pasados 20 días desde la visita a las comadronas de Chuarrancho, Rosa Lidia Xot cuenta que la hija de María Magdalena Zurdo nació con algunos días de atraso. Por eso, terminó dando a luz en el Hospital Nacional Roosevelt, de Guatemala, ya que la comadrona recomendó acudir al nosocomio para evitar cualquier problema. Ha empezado la temporada de lluvia y, a pesar de seguir bajo el régimen de pandemia, habrá un poco más de agua hasta en las tuberías de la comunidad.  Para UNFPA, el trabajo articulado entre las comadronas tradicionales y la institucionalidad, desde un ejercicio de intercambio de pares, es una de las vías para resolver los problemas que niñas, adolescentes, mujeres y embarazadas enfrentan, por ello la importancia de seguir aportando a estos ejercicios de articulación, esperando en el futuro un reconocimiento mutuo al rol que cada parte desempeña en el desarrollo humano de las familias y comunidades, y en la salud de las mujeres.

Mario no tiene nombre. No lo tiene desde cuando empezó a recibir las primeras amenazas en la comunidad donde nació y creció, hasta volverse prófugo. Mario se quedó viudo cuando el más grande de sus dos hijos no había cumplido los diez años. Su esposa fue asesinada por los mismos muchachos con los que Mario solía compartir las tardes por los callejones estrechos de su cuadra, cuando eran niños. La asesinaron porque él no quiso volverse un miembro de la pandilla, no quiso resignarse a la ley del barrio que, en estos contextos de limitado acceso a oportunidades, significa delinquir, cobrar extorsión, matar… En el barrio, ese dédalo de gradas que suben y bajan las lomas de láminas de los asentamientos urbanos, elegir la vida que uno quiere no es una opción y, en la mayoría de los casos, no lo es ni siquiera negarse a aceptar el destino de miseria y muerte que les toca a los jóvenes, casi de cajón. Mario pagó su negativa a aceptar la ley del barrio con la vida de su esposa. En el barrio desde el cual Mario tuvo que escaparse una noche, como un ladrón, con las pocas cosas que cabían encima de un pick-up alquilado a medianoche, ya no hay ni tiendas ni partidos de futbol los domingos, todos los negocios familiares han tenido que cerrar ahogados por la extorsión y hasta el sagrado momento de recreación semanal al aire libre se volvió demasiado peligroso por la constante amenaza de las balaceras que dominan el panorama acústico del lugar y lo arrasan todo. Mario habla en voz baja, casi susurrando, al estilo de la gente humilde que nunca ha sido escuchada en su vida y que, rápido, aprendió que mejor así, para no “echarse color”, no atraer atención y problemas. A pesar de haber tratado de evitar problemas, no pudo hacerse invisible cuando la pandilla decidió que él también tenía que ser un miembro más de ella. Un año después de la muerte de su esposa, se marchó junto con sus dos hijos, su nueva pareja, Estrella, madre soltera, y la más grande de las tres hijas de ella. Juntos volvieron a desafiar la ley del barrio, marchándose, abandonando por primera vez en su vida los límites geográficos de la marginalidad urbana donde habían vivido hasta ahora. Juntos se sumergieron en una travesía que todavía no ha terminado. Al principio, cada uno de los dos núcleos familiares se fueron a vivir a lugares relativamente cercanos a la colonia que habían tenido que abandonar, por separado, aprovechando el apoyo de familiares y conocidos. Pero las amenazas llegaron hasta allí. Y, luego, hasta al lugar de trabajo de Mario. Los cinco decidieron mudarse, por segunda vez, a una habitación que el jefe del trabajo de Mario les había ofrecido, pero tuvieron que marcharse de allí también a los pocos meses. “Es que nos estaban cazando” sostiene Estrella con el lenguaje del barrio que ella conoce a la perfección. A dos adultos y tres menores los querían muertos y, por eso, los estaban cazando, como a animales. Los tenían rastreados y los obligaban a vivir como ratones encerrados, tragándose el miedo, día tras día. Después de haber cambiado de lugar por tres veces en menos de un año, ya desesperados, Mario y Estrella han tenido que reiniciar sus vidas nuevamente. Ahora, en la sala de un hogar seguro de la ciudad capital, donde se realiza la entrevista bajo el resguardo que ACNUR les está brindando desde septiembre 2020, ellos vuelven a pensar en su futuro, luego de que se identificaran sus necesidades de protección. Estrella, señala: “uno quisiera ahorrarles a nuestros hijos todo lo que hemos vivido y que ellos sepan que el mundo es diferente”. En medio de esta travesía, Mario y Estrella han descubierto que lo que ellos consideraban normal, tal como vivir en constante amenaza, bajo la persecución de un grupo delincuencial, no es normal, aunque hayas nacido y crecido en condiciones de vida tan extremas como para hacértelo pensar. Descubrieron que hay organismos internacionales que velan por la seguridad de personas como ellos, se sintieron menos solos. A pesar del apoyo que han empezado a recibir, la pandemia representó una limitante más para la actuación de las acciones de protección a su favor. Nuevamente, Mario, Estrella y sus hijos volvieron a cambiar de domicilio dos veces en un corto periodo de tiempo, debido a la presión de la caza del barrio. Durante el primer intento de hospedarse en casa de familiares, Mario descubrió una amenaza más, esta vez, proveniente de su propio contexto familiar: un tío que intentó abusar de su hija. Mario y Estrella son sobrevivientes, prófugos, refugiados… probablemente sobrarían las terminologías para describir la condición sobrehumana en la que llevan viviendo los últimos años de sus vidas. Mario y Estrella tienen hijos, menores de edad que llevan el mismo lapso viviendo en el terror, en constante mudanza, olfateando el miedo a cualquier ruido inesperado que se produzca de noche, o de día, en la última trinchera que ellos definen casa, a la espera de encontrar una solución duradera a su situación. Con el apoyo de ACNUR, llevan dos meses recibiendo un apoyo económico que les permite sobrevivir. Pero, “¿qué haremos cuando las escuelas vuelvan a abrir y nuestros hijos tengan que volver a clases presenciales?”, se pregunta Estrella. “Allá afuera nos están cazando”. (Mario y Estrella son nombres ficticios)